Principales aspectos:

Permite elaborar e implementar un “Plan de Emergencia Habitacional”.

Se incluyen normas especiales destinadas a enfrentar el actual déficit habitacional relacionadas con la adquisición y gestión de suelo.

Promueve una mayor rapidez en la habilitación normativa de terrenos para proyectos de Comités de Vivienda.

Municipios y Gobiernos Regionales deberán incorporar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas de interés público, apuntando a que cada plan regulador se haga cargo del desafío de planificar el territorio comunal o intercomunal con estos criterios.

Resguardar el valor patrimonial de sectores protegidos.

Generar normas para facilitar la regeneración de barrios segregados o deteriorados.